Todos los días estamos leyendo y oyendo que la vivienda se está convirtiendo en algo no asequible para muchas personas. Ni en régimen de alquiler ni como compra. Y la explicación es bien simple. El salario mínimo es de 1.184 euros brutos y con eso no se puede comprar o alquilar una vivienda y comer al mismo tiempo. En una pareja que trabajen los dos, tienen que dedicar el sueldo de uno al alquiler o la hipoteca y vivir con el del otro. Pero ¿y si hay hijos? ¿Puede una familia con hijos pequeños vivir con el salario mínimo? ¿Y si es una familia monoparental? ¿Y una pareja de pensionistas con la pensión mínima o la no contributiva? ¿Y el que no tiene trabajo? ¿Y los inmigrantes?
El gobierno y algunas administraciones están tomando medidas, pero hasta el momento ninguna da resultado, pues el precio de la vivienda sigue subiendo y subiendo sin parar. Y seguirá mientras este asunto no se enfoque desde la ética personal.
La vivienda es un bien necesario, no es algo de lo que se pueda prescindir y, como bien necesario, es un derecho recogido en la Constitución. Por tanto, quienes cooperan a esa subida escandalosa están cometiendo un delito que debería penarse. Pero yo voy más allá. No solo están cometiendo un delito, sino que están actuando en contra de la moral, de la ética. Desde la ética, la vivienda no puede ser un negocio, no se puede especular con ella. Y eso hay que decirlo claro. Quizá se puede especular con una vivienda de vacaciones, pero no con la habitual de una ciudad, un barrio o un pueblo del cinturón desde donde se desplazan los que trabajan en la ciudad.
Así que ya va siendo hora de que levanten la voz los moralistas, filósofos y sociólogos y apelen a la conciencia personal. Empezando por la Iglesia, claro está. Sus moralistas tienen que decirnos que no es lícito ni es cristiano contribuir a que la vivienda se convierta en un lujo al alcance solo de los más pudientes. Y ya están tardando.
